Proceso Sumario Nuevo CPCN

Fuente: Poder Judicial de Nicaragua.

PROCESO SUMARIO
(Ley N° 902 CPCN: arts. 502 al 507)
El proceso sumario consiste en la realización de un procedimiento
que se efectúa ante la autoridad judicial, donde las partes en conflicto
reseñan hechos, exponen los fundamentos de sus derechos y
solicitan se declare mediante sentencia a quien corresponde el
derecho debatido, según lo alegado y probado durante el proceso.
El proceso sumario se seguirá en todas aquellas demandas que
contengan las pretensiones civiles consignadas en el art. 392 CPCN,
denominado ámbito del proceso sumario. La ley N° 902, Código
Procesal Civil, establece que toda persona interesada antes de
interponer el escrito de demanda, debe de acudir a una sede de la
Dirección de Resolución Alterna de Conflicto o a un centro de
mediación autorizado, a procurar resolver la contienda y evitar el
inicio de un proceso en sede judicial. De manera que es un requisito
de procedibilidad, la previa realización del trámite de mediación en
sede no judicial.
El proceso sumario iniciará mediante la interposición de una
demanda civil, escrita en papel de ley, debiendo expresar al menos
aquellos requisitos que permitan, identificar y localizar tanto al actor
como al demandado, (art. 420 CPCN), destacándose la necesaria
descripción de los hechos en que se funda la petición, cuya cuantía
no puede exceder 200 mil córdobas conforme acuerdo de Corte
Plena del 20 de marzo de 2017, enumerando las pretensiones y
exponiéndolas de forma precisa, ordenada y con claridad,
relacionando los medios de prueba que deben ser practicados e
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indicando qué hechos pretende demostrar con cada medio de prueba
ofrecido, fijando las pretensiones que se formulen y que piden ser
tuteladas.
Presentada la demanda, la autoridad judicial deberá analizar de oficio
si es competente o no, si las partes están en capacidad para
comparecer en el proceso; en su caso verificar si se ha cumplido con
la representación legal, y acompañando el o los documentos que
acrediten y justifiquen su comparecencia. La admisión de la demanda
deber realizarse en un plazo de cinco días.
Asimismo debe examinar la procedencia del proceso, es decir, si
debe tramitarse como sumario, en atención al reparto de la
competencia (art. 29, 390 y 391), al cumplimiento de los requisitos
referidos a la acumulación de pretensiones y en su caso a la falta del
debido litisconsorcio. Todo este examen, es con el fin último que el
proceso se inicie y se desarrolle sin vicio alguno.
Si del examen de la demanda, la autoridad judicial, considera que
hay aspectos que deben subsanarse, así lo ordenará dentro el plazo
de tres días. Si la parte demandante no lo hiciere, se ordenará el
archivo definitivo del expediente y la devolución de los anexos para
que haga uso de su derecho. También se aplicará esta misma
medida cuando los defectos resulten ser insubsanables.
La contestación a la demanda, es la actuación procesal que realiza
la persona que ha sido demandada dentro del plazo de 15 días que
ordena la ley. En la contestación a la demanda, se negarán o
admitirán los hechos aducidos por la parte actora; se expondrán los
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fundamentos de la oposición a las pretensiones del actor, alegando
las excepciones materiales (perentorias) que a criterio del
demandado correspondan; se aducirán o alegarán las excepciones
procesales (dilatorias) y podrá oponerse a la acumulación de
pretensiones, expresando las razones que le asistan.
El silencio ante los hechos interpuestos en la demanda, por parte del
demandado en su contestación, se tendrán por admitidos, es decir la
admisión de los hechos sólo podrá verificarse de forma expresa. El
silencio del demandado o sus respuestas evasivas, se tendrán como
negación de los hechos que le sean perjudiciales.
Efectuadas las alegaciones iniciales (Demanda y Contestación de
demanda), en debida forma, o transcurrido el plazo para contestar la
demanda, la autoridad judicial convocará dentro del plazo de cinco
días a la audiencia (única), que deberá celebrarse en un plazo no
mayor a los diez días.
El proceso sumario se caracteriza porque concentra el
cumplimiento de las finalidades en una única audiencia, en la que se
deberán cumplir de forma sucesiva las finalidades de la audiencia
inicial y probatoria. Así en esta audiencia única y concentrada se
deberá dar cumplimiento a las siguientes finalidades: instar a las
partes a lograr un arreglo; permitir el saneamiento de los defectos
procesales alegados; fijar con precisión la pretensión y la oposición,
así como los términos de su debate; ratificar la nómina de los medios
de prueba propuestos; y finalmente admitir la prueba de que intenten
valerse las partes y que practicaran de forma sucesiva en la misma
audiencia o en la sesión o sesiones posteriores según el caso.
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De igual forma en el cumplimiento de estas finalidades, se debe
privilegiar la simplificación procesal del nuevo proceso civil, por
cuanto, la autoridad judicial con la activa participación de las partes,
elimina todos los obstáculos procesales que impedirían resolver la
contienda en el fondo, es decir, se trabaja para pautar la futura
decisión que resolverá el conflicto otorgando el derecho a quien
corresponda.
Resulta clave advertir que lo primero que debe hacer en la audiencia
la autoridad judicial, es instar a las partes para que alcancen un
acuerdo mediante la mediación. Esta finalidad, no debe subvalorarse,
tampoco debe efectuarse de forma superflua, es decir limitarse al
simple recordatorio de la posibilidad que poseen las partes para
mediar. Lo óptimo es que la autoridad judicial, realice una invitación
activa y dinámica destacando las ventajas que ofrece la mediación,
para que de común acuerdo las partes puedan acudir a un centro de
la DIRAC o en un centro privado autorizado, y de forma voluntaria
pongan fin a la contienda.
La finalidad de saneamiento o depuración del proceso, implica
resolver todas las excepciones procesales (dilatorias) promovidas
por el demandado en la audiencia inicial, o que se subsanen las
omisiones o defectos encontrados, dentro de los diez días siguientes
de interrumpida dicha audiencia, en los casos que la ley lo autoriza,
todo con el propósito de habilitar la contienda para una decisión sobre
el fondo del asunto controvertido.
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La finalidad de fijar con precisión la pretensión y la oposición, consiste
en determinar lo que será objeto del proceso, es decir qué se va a
debatir y qué se va a probar. Para cumplir con esta finalidad, la parte
demandante o reconviniente, deberán hacer las precisiones,
aclaraciones y concreciones que estimen oportunas en relación con
la pretensión deducida en su demanda o en la reconvención en su
caso, las que no podrán ser alteradas o modificadas sustancialmente.
La autoridad judicial a fin de dirigir el debate, podrá ordenar a las
partes, que aclaren los puntos dudosos de sus alegaciones. Las
partes podrán formular alegaciones complementarias, sobre hechos
nuevos o de nueva noticia que sean de relevancia para la fijación de
la causa de pedir, o para la concreción de los términos del debate,
proponiendo su prueba; siempre y cuando ocurriera o se conociera
el hecho nuevo o de nueva noticia una vez contestada la demanda o
reconvención y hasta antes de dar cumplimiento a esta concreta
finalidad en la audiencia única del proceso sumario.
Las partes habrán fijado los términos del debate, cuando determinen
los hechos sobre los que existe discordancia y sobre los que deberá
recaer la prueba, y cuales hechos han sido admitidos por ellas; y en
tal caso, se les concederá la palabra para que ratifiquen o no las
pruebas ofrecidas, argumentando o justificando lo que en derecho
convenga. La autoridad judicial apreciará y resolverá motivadamente,
es decir, mediante auto sobre la admisión o no de cada una de las
pruebas para su práctica en la misma audiencia o en otra sesión de
esta.
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Evacuadas las finalidades consistentes en instar a las partes a que
medien; sanear los defectos procesales alegados; fijar con precisión
la pretensión y la oposición, así como los términos de su debate;
ratificar la nómina de los medios de prueba propuestos y admitir la
prueba; sucesivamente y de forma inmediata, se pasa a realizar su
práctica.
Las pruebas admitidas se practicarán de manera concentrada y bajo
el principio de contradicción, salvo que resulte imposible por la
naturaleza de los medios probatorios, documentándose a través de
los medios audiovisuales que se dispongan y del levantamiento del
acta respectiva.
En los casos contemplados en el Código, podrá practicarse prueba
fuera de la audiencia y fuera de la sede, para ello se procurará que
se realice antes que se continúe con la audiencia única. En tales
casos, las partes tendrán derecho a intervenir en la práctica de las
mismas y siempre en presencia de la autoridad judicial.
La práctica de prueba (parte, testifical y pericial), por regla general,
se hace mediante la formulación de preguntas orales al momento de
los interrogatorios o exámenes directos y los declarantes deben
responderla según la forma en que han sido elaboradas, a no ser que
se haya objetado la procedencia de alguna pregunta, en cuyo caso,
se deberá esperar a que la autoridad judicial, resuelva si procede o
no a contestarla, atendiendo la valoración y decisión del juez o jueza.
Concluida la práctica de la prueba y antes de ponerle fin a la
audiencia, las partes efectuarán sus alegatos finales que tendrán
como objeto concretar y adecuar, tanto los hechos alegados como la
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petición, en base al resultado de la práctica de las pruebas. No se
admitirán alegatos que supongan cambio de la pretensión, tal y como
quedó fijado en la audiencia inicial.
El Código establece una estructura para los alegatos finales,
impidiendo que las intervenciones de las partes se separen
notoriamente de las cuestiones que se debaten y que incurran en
divagaciones o repeticiones. En resumen consistirán: en la
exposición clara y ordenada de los hechos que se consideren
probados, indicando las pruebas que lo acreditan; argumentar la falta
o insuficiencia de prueba de los hechos alegados por la parte
contraria y los fundamentos de derecho aplicables.
Durante la exposición de las alegaciones finales, la autoridad judicial
podrá solicitar las aclaraciones pertinentes y una vez concluidas, se
levantará la sesión y comenzará el plazo para dictar sentencia, que
será dentro de los cinco días siguientes a la finalización de la
audiencia única del proceso sumario. También podrá emitir su fallo
de forma oral una vez que las partes hayan finalizado sus alegatos
finales. Diligencias Preparatorias

DEMANDA Art.420-421 CPCN
CONTESTA Y RECONVIENE ART. 503 CPCN
AUDIENCIA UNICA Y PROBATORIA.

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Licencia por paternidad

PERMISO DE AUSENCIA O LICENCIA POR PATERNIDAD EN NICARAGUA

 

A lo que estábamos acostumbrados en el área laboral es a dar la famosa licencia por maternidad, que consistía en darle permiso de ausentarse del trabajo a la mujer que ha dado a luz a un nuevo hijo.

Con el Código de Familia se establece la obligación de las Empresas a dar 5 días calendarios de permiso con goce de salario y sin pérdida de ninguna prestación social en ocasión del parto de su cónyuge o conviviente.

El arto 79 es claro en definir en que circunstancias se podrá dar ese permiso y que deberá adjuntar el trabajador para justificar el permiso solicitado.

En primer lugar el código nos dice que el varón podrá pedir permiso cuando el cónyuge este casado o en Unión de Hecho, pero en el caso de Unión de Hecho, esta última deberá cumplir el requisito de declaración de la unión ante Notario Público. Lo que significa que si la persona está en unión de hecho pero no está reconocida notarialmente al momento del parto de su pareja, será un impedimento para la solicitud del permiso.

La segunda condición a considerar es que los hijos que no sean de matrimonio o de Unión de Hecho reconocida notarialmente no serán sujetos a este permiso, puesto que el código lo deja claramente reflejado al referirse exclusivamente a cónyuge y unión de hecho reconocida notarialmente.

En ambos casos el trabajador deberá demostrar el matrimonio o unión con el certificado de matrimonio o declaración de Unión por vía notarial, y el otro documento será la certificación de la partida de nacimiento del niño recién nacido debidamente inscrito, puesto que el solo presentar el constancia de nacimiento de un bebe emitida por el hospital no demuestra fehacientemente el vínculo de parentesco.

info@asesoresdefamilia.net  Jessica López Mendoza

 

Mis padres ya ancianos…¿Quién se hará cargo del cuido y de los gastos?.

 

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Somos muchas veces testigos, que hay un hijo que siempre asume el cuido y asistencia al padre anciano, o a la viuda después de fallecido el cónyuge. Pasan los años y la carga tanto económica como emocional recae sobre uno de ellos.

La situación se complica cuando ese adulto mayor, comienza a depender más de su hijo cuidador, ya sea por incapacidad motora, o por estar padeciendo una enfermedad, y así continúa el largo y cansado cuido del padre o madre anciano. A éste stress que conlleva la atención de un adulto mayor, se suma los gastos que incurre el hijo bondadoso, sucediendo muchas veces que convocados sus hermanos para que asuman en conjunto el cuido y gastos, ninguno de ellos responde eficazmente al llamado.

El código de familia de Nicaragua, en su artículo nº 315 y 316 literal c) nos dice literalmente: “Se deben alimentos en el siguiente orden: “…c) a los hermanos y hermanas, a los ascendientes y descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad, cuando se encuentren en estado de necesidad o desamparo. Si la persona llamada en grado anterior a la prestación no estuviera en condiciones de soportar la carga en todo o en parte, dicha obligación será puesta en todo o en parte a cargo de las personas llamadas en grado posterior…”

Cabe destacar y me referiré específicamente al presupuesto procesal de este articulo dos situaciones a valorar, primero el estado de necesidad, un anciano ya no labora, y si tiene alguna enfermedad que lo inhabilita son condiciones indispensable para aplicar el artículo, el litigante debe por tanto, demostrar ante la judicatura esta condición, por medio de un dictamen médico legal o una epicrisis de un facultativo de la medicina, que confirme la gravedad de su enfermedad o incapacidad,   el segundo se refiere al informe socioeconómico de la situación social del anciano. Estos dos elementos procesales se deben considerar al momento de realizar la demanda. Este último informe lo debe realizar el Ministerio de Familia a fin de garantizar la objetividad del resultado del estudio socioeconómico.

Teniendo garantizado esos dos aspectos el código faculta al hermano bondadoso a citar a sus otros hermanos para que el juez obligue a sostener los gastos y cuidos del padre anciano o madre según sea el caso.

¿Tienes algo así? Contáctanos en info@asesoresdefamilia.net

Jessica López M

Especialista en familia.